Como cada año, el primer lunes de octubre, los arquitectos y arquitectas celebramos el Día Mundial de la Arquitectura. Una jornada en la que, en esta ocasión, queremos reivindicar el papel determinante de nuestra disciplina y de nuestros/as profesionales para proyectar, desde el presente en el que vivimos, un futuro digno al conjunto de la población, en el que disfrutar de un entorno construido con alta calidad arquitectónica sea un derecho ciudadano real y efectivo, independientemente del lugar en el que se haya nacido.

En mayor o menor medida, los grandes retos globales que afrontamos como sociedad -desde el cambio climático al déficit de vivienda digna y asequible, el envejecimiento progresivo de la población o el aumento de las desigualdades sociales, con ejemplos como el incremento de la pobreza energética- tienen un impacto local innegable en nuestros pueblos y ciudades, en nuestros territorios, que no están adaptados para ello.

Sobran los datos que lo demuestran:

• Casi el 60% de los edificios existentes requieren de una rehabilitación energética, además de otras mejoras acuciantes en materia de accesibilidad, conservación y funcionalidad.
• El 25% de las personas vive en aglomeraciones urbanas de más de un millón de habitantes y el 17% se concentra en Madrid (con cerca de siete millones de habitantes), Barcelona (más de tres millones en su área metropolitana), Valencia o Sevilla (por encima del millón y medio de habitantes) , con los consiguientes efectos que ello tiene en fenómenos como el de la “España vaciada”.
• El parque de vivienda de alquiler social se sitúa en apenas 290.000 unidades (un 1,6% de los hogares). Converger con la media de los países de la UE implicaría un plan a 10 años para incrementar en más de 150% la producción anual media de viviendas de los últimos años.

Como todos los problemas complejos, la respuesta a estos retos necesita de grandes consensos y de una acción colectiva a corto, medio y largo plazo. No podemos mirar a otro lado y, sin duda, nosotros, las arquitectas y arquitectos de este país, no lo vamos a hacer.

Nuestra profesión tiene una misión: la transformación del parque edificado, la planificación de entornos resilientes al cambio climático, la regeneración de tejidos urbanos que han quedado ya obsoletos y la proyección de vivienda nueva con los parámetros de rigor y calidad que exige un mundo en cambio, en el que la responsabilidad nos obliga a pensar en las próximas generaciones, que merecen la oportunidad de un futuro justo.

Estamos comprometidos para dar forma a entornos urbanos más amables, humanos y “respetuosos con el medioambiente, que reduzcan la dependencia de los recursos externos”; investigamos e innovamos para “aportar nuevas perspectivas esenciales para el desarrollo sostenible”; planificamos incorporando los principios de la economía circular al sector de la edificación. Lo hacemos, conscientes de la función social y del interés general de nuestra disciplina, que, gracias a su enorme poder transformador, constituye un instrumento decisivo para mejorar el bienestar, la salud y la seguridad de las personas; para contribuir y favorecer la cohesión y la equidad social; para asegurar la protección del medioambiente y mitigar los efectos del calentamiento global; para reactivar zonas en declive demográfico, cerrando brechas territoriales, y para promover un desarrollo económico sostenible.

Es determinante, si no queremos ciudades que evolucionen a dos o tres velocidades; si no queremos dejar a nadie atrás.

Pero, insistimos, el reto es colectivo. Requiere también el compromiso de las Administraciones Públicas a todos los niveles, la implicación de todos los agentes del sector y la participación activa de la ciudadanía para apostar, de forma decidida, por la calidad del entorno construido como conditio sine qua non de un bienestar duradero. Y esto, necesariamente, también supone promover políticas ejemplarizantes, con concursos de arquitectura -públicos y privados- que prioricen la calidad y dar oportunidades a las nuevas generaciones de arquitectos/as porque no se puede cimentar un futuro digno para todos/as, si los/as profesionales encargados/as de hacerlo no ejercen en condiciones dignas.

Porque, como recoge la Declaración de Davos, “todas las personas tienen derecho a experimentar, compartir y pertenecer al entorno cultural”, en el Día Mundial de la Arquitectura, proyectamos el futuro ahora.

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En 2018, todos los ministros de Cultura de la Unión Europea, y también el Gobierno español, un año después, suscribieron, en la Declaración de Davos: “No puede haber desarrollo democrático, pacífico y sostenible si la cultura no es su núcleo; la forma en la que damos uso, mantenemos y protegemos nuestro patrimonio cultural hoy en día será crucial en el desarrollo de un entorno construido de alta calidad”.

Nuestra sociedad se enfrenta a cambios incesantes, de una magnitud que, cada vez con más frecuencia, trasciende el marco local. Los efectos de la globalización, la emergencia climática, el desarrollo vertiginoso de las tecnologías, el impacto de la pandemia de Covid19 o el aumento de conflictos bélicos, también a las puertas de Europa, sumados a otras problemáticas, como el difícil acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible, el desequilibrio entre áreas urbanas y rurales que ilustra el fenómeno de la “España vaciada” y el incremento de las desigualdades, configuran un escenario de múltiples desafíos que, pese a su carácter global, exigen consensos, esfuerzos comunes y acciones a corto, medio y largo plazo en lo local: en nuestros pueblos, ciudades y territorios, como vectores de recuperación y de progreso social.

Nuestros entornos urbanos constituyen el espacios desde el que abordar todos esos desafíos. Por eso, en el Día Mundial de la Arquitectura, reivindicamos la calidad arquitectónica como una garantía para el bien común; para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria, saludable y sostenible a todas las escalas: económica, social y medioambiental.

Con sus valores básicos, universales, artísticos y culturales, sociales, éticos y la vocación de perdurabilidad que subyace en sus obras, la Arquitectura contribuye al bienestar individual y colectivo de las personas: aporta confort, seguridad, es un factor de salud preventiva, favorece la cohesión social, crea identidad colectiva e inspira y retroalimenta la potencia creativa del ser humano con su belleza. Pero, además, en plena crisis climática, sus soluciones, innovadoras, responsables e integrales, se tornan esenciales para mitigar los efectos del calentamiento global, transitar hacia una economía circular y recuperar el equilibrio medioambiental, reutilizando y optimizando recursos naturales y económicos y reduciendo gastos de energía.

La Arquitectura regenera y rehabilita, aportando versatilidad a nuestras viviendas y edificios, devolviéndoles toda su utilidad y actualizándolos, desde el principio de calidad y una perspectiva integral, para responder, de forma adecuada, a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI y afrontar, con éxito, retos que requieren de una respuesta urgente, como la descarbonización del parque residencial en nuestro país, donde más de la mitad de sus 25,7 millones de viviendas requieren de una rehabilitación energética, además de otras mejoras acuciantes en materia de accesibilidad, conservación y funcionalidad.

La Arquitectura es cuidadora. Nos ayuda a avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más humana y más saludable y sostenible; una sociedad mejor, que se adapta a situaciones adversas y escenarios cambiantes con más flexibilidad y fortaleza. Pero, para ello, también precisa de la intervención decidida de las Administraciones Públicas, promoviendo políticas ejemplarizantes que sitúen la calidad arquitectónica y la defensa del espacio construido en el epicentro de las transformaciones urbanas actuales; apostando por concursos de arquitectura que prioricen la calidad para el bienestar general de la población y por la sensibilización social para proteger el entorno construido, como patrimonio cultural que es de todos/as.

En el Día Mundial de la Arquitectura, calidad arquitectónica, una garantía para el bien común. . 

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