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Publicado en la Voz de Galicia /Enlace al artículo original

Jordi Ludevid: «La polémica entre arquitectos e ingenieros no está en la calle». Teme que la ley de servicios profesionales afecte al sector de la edificación

El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, visita Compostela en plena tormenta institucional por la nueva ley de servicios profesionales.

 

-¿Qué pasará con la arquitectura si se aprueba el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales según está previsto?

-Estamos en una situación de transición. Oficialmente no sabemos todavía el contenido del proyecto, solo el texto a 20 de diciembre sobre el que nosotros hemos planteado una serie de alegaciones y disconformidades importantes, argumentadas con mucha solidez jurídica y sensatez.

-Dice que, tal y como se planteó, genera más conflictos de los que soluciona. ¿Cómo se traducen para el colectivo de arquitectos?

-El texto supondría un agravio comparativo gravemente desestabilizador no solo para los arquitectos sino para todo el sector de la edificación, al crear un grupo de trabajo para hacer una propuesta sobre las atribuciones en el sector cuando no se hace nada parecido en ningún otro, con una técnica jurídica defectuosa como dice el Consejo de Estado. De rebote es una cuestión que pone en riesgo la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), que es la ley que ordena el sector desde el año 2000. En todo caso, debería cambiarse mediante una ley sectorial, no a través de una de tipo general como es una ley de servicios profesionales. No hay ninguna razón ni novedades significativas en la formación de los profesionales españoles desde el 2000 para cambiar algo que está funcionando perfectamente y que es la envidia de toda Europa.

 

-Plantean otras objeciones que afectan a todos los colegios.

-La primera es el concepto de colegiación obligatoria, que debe ser global para toda una profesión y no por tramos de actividad. En segundo lugar reclamamos una tutela flexiva, creemos que el proyecto de ley cuando habla de la tutela de los colegios se excede en el celo tutelador y no llega a un punto de equilibrio con la autonomía funcional de los colegios. La comisión de reforma de profesiones, en tercer lugar, tiene un cierto ribete inquisitorial que se aleja de las competencias de los ministerios sectoriales de tutela, que son los que conocen lo que hay que hacer, y se plantea como una nueva instancia para reformar profesiones.

 

-¿Y qué hay del debate sobre las cuotas?

-No entiendo cómo una ley básica estatal entra en el debate de las cuotas máximas de los colegios. ¿Acaso el nivel de vida, la inflación y los precios son iguales en Melilla que en Bilbao? Para empezar hay un problema de isotropía en el territorio que me parece que no han tenido en cuenta. Y hay que pensar en cómo va a quedar esto en cinco años con la inflación. ¿Piensan hacer otra ley para ajustar las cuotas? A mí me produce rubor porque es un tema en el que además podrían alegar las autonomías que tienen competencias exclusivas o plenas sobre los colegios, ya que serían ellas las que tienen que regularlo.

 

-¿Cómo repercuten los baremos orientativos profesionales a la relación profesional entre arquitectos e ingenieros?

-La arquitectura y la ingeniería tienen un problema específico que es la asimetría de información entre el profesional y el cliente. El cliente no conoce los precios y el mercado, por tanto, está a oscuras. El mantra en competencias es que no puede haber baremos o tarifas, que no solo son instrumentos que orientan al consumidor sino también a la Administración pública respecto a la lucha contra el dumping y un mercado que es muy atomizado, por lo que necesita herramientas adecuados para funcionar bien. La polémica entre arquitectos e ingenieros ha pasado por distintas etapas pero hoy es virtual, no es un problema que esté en la calle. Si el gobierno decide no entrar en eso acertaría de lleno.

 

-¿Afectaría a la competitividad?

-No puede haber más competitividad y reducción de precios porque no hay trabajo. De hecho está habiendo unas bajas en las pocas subastas públicas que hay que superan el 65 %.

 

-Visitó el Gaiás, un proyecto muy polémico por su coste. ¿Qué opinión le merece?

-Es injusto valorar con los criterios de hoy decisiones que se tomaron en otro momento. La calidad del arquitecto del proyecto está ahí, más allá del aporte cultural que suponga. Si hablamos de dispendios yo no citaría este ni otro proyecto arquitectónicos, sino los aeropuertos cerrados o las autopistas en desuso.

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