Área de Presidencia

  • Celebrada una Asamblea General Extraordinaria
  • Encuentro de los Colegios en la Plaza Mayor de Madrid

El pasado 21 de mayo se ha reunido en Madrid la Asamblea General del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ante la previsible aprobación por el Gobierno del Proyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales.

Al respecto, la Asamblea adoptó un Acuerdo reclamando la modificación de varias propuestas contenidas en el Anteproyecto de la mencionada Ley, resaltando especialmente tres de ellas:

  • La oposición a que se incluya la revisión de la Ley de Ordenación de la Edificación en un marco jurídico completamente diferente, que no le corresponde.
  • La necesidad de que el ejercicio de la arquitectura esté regulada en todos los ámbitos de su actividad bajo el régimen de colegiación.
  • El reconocimiento de la posibilidad de que existan baremos orientativos de honorarios, como sucede en otros países europeos.

 

Los Colegios unidos defendiendo la Arquitectura

Una vez concluida la Asamblea, los representantes de los Colegios de Arquitectos de España se han concentrado en la Plaza Mayor de Madrid para manifestar su desacuerdo con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.


En esta convocatoria se han desplegado cientos de paraguas blancos en un acto simbólico y bajo el lema “Por la Arquitectura” y “Por una sociedad con servicios de calidad” en defensa de la arquitectura, el derecho de los ciudadanos a recibir servicios de profesionales debidamente cualificados, y el mantenimiento del actual marco jurídico que ordena el sector de la edificación.

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Foto: @coavnss

La defensa de una profesión (texto preámbulo de la Asamblea General Extraordinaria)

 

El ejercicio de la arquitectura es una actividad que guarda relación directa con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, el consumo de recursos naturales y la preservación de valores patrimoniales, culturales e históricos. El respeto a todos estos activos -tangibles e intangibles- de carácter público requiere que el mercado de los servicios profesionales de arquitectura esté regulado. Para ejercer la arquitectura debe disponerse de un bagaje formativo y académico específico, que se materializa en el título de arquitecto.

 

Con el actual ordenamiento constitucional, la regulación de los servicios profesionales más relevantes se canaliza a través de los colegios profesionales. Sin colegios profesionales no hay normas, y sin  normas, los consumidores de esos servicios están indefensos. La colegiación es sinónimo de garantía y certidumbre. La práctica del profesional colegiado está sujeta a normas reguladoras de su comportamiento que  suponen un freno a las prácticas abusivas, basadas en su posición asimétrica frente al cliente. Si no es obligatoria y universal, la colegiación pierde buena parte de su capacidad reguladora. Una  profesión dividida en dos modalidades -una que ejerce regladamente y otra sin ningún control- está condenada irremediablemente a que prevalezcan el oportunismo y la carencia de escrúpulos.

 

Lamentablemente, el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobado por el Gobierno de la Nación a propuesta del Ministerio de Economía, no cumple satisfactoriamente la mayoría de los requisitos mencionados porque, entre otros motivos, está redactado con un indisimulado recelo, cuando no hostilidad, hacia sus destinatarios.

 

En 1999 el Gobierno de España promulgó la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), con el apoyo unánime de todas las profesiones implicadas en el sector. Entre otras cuestiones, la LOE estableció una asignación de atribuciones profesionales basada en el principio de especialidad, reconociendo la competencia exclusiva de los arquitectos para proyectar los edificios cuya función se inscribe históricamente en la disciplina arquitectónica. Durante casi 15 años, la LOE ha reportado un resultado que cabe calificar de extremadamente satisfactorio. El número de litigios entre profesiones ha disminuido y, a la vez, los usuarios finales de los edificios disponen de mecanismos legales en defensa de sus derechos e intereses.

 

Hay un España 50.000 arquitectos, uno por cada 900 habitantes, otros tantos estudiantes de arquitectura, la edificación de nueva planta  está paralizada y previsiblemente no recuperará un pulso moderado antes de 2020 y, sin embargo, se apuesta por incorporar a otros profesionales que desconocen, porque no figura en el programa académico de sus titulaciones, las herramientas conceptuales que a través del proyecto sirven para concebir un edificio, armonizando e integrando la multitud de requerimientos que le afectan.

 

En defensa de nuestra profesión, pero también en favor de los intereses generales, los arquitectos reivindicamos el elemental principio de que el magisterio se ejerza por los maestros, la medicina por los médicos, la ingeniería por los ingenieros, la abogacía por los abogados o la arquitectura por los arquitectos. Cuando se cuestiona algo tan elemental y razonable, surge irremediablemente la sospecha de que iniciativas de este tipo sólo pueden responder a intereses inconfesables e injustificados

 

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