El día dos de agosto, la Comisión Delegada del Pleno de Consejeros del CSCAE, reunida en Madrid, conoció el nuevo Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, cuyo contenido variaba substancialmente respecto de las expectativas derivadas de lo hablado y discutido previamente con diferentes estamentos de la administración.
El Consejo ha estado trabajando durante todo el mes de agosto, en el comienzo de las tareas que hagan posible la redacción y presentación de nuestras alegaciones, contando para ello con el concurso de nuestra Asesoría Jurídica, las de todos los Colegios y también de la de los consultores externos contratados por el CSCAE. El Consejo y los Colegios han trabajado intensa y duramente durante todo este período de gestación de la Ley. Las numerosas reuniones directivas, entrevistas y apariciones públicas dan razón de ello. Sin embargo, el contenido del anteproyecto es decepcionante y no se corresponde con las conversaciones antes señaladas.
Su aprobación como Ley, implicaría, con sus numerosas imprecisiones jurídicas, un escenario de incertidumbres y confusión que rechazamos enérgicamente, resultando especialmente grave al vulnerar derechos fundamentales de todos aquellos que hemos dedicado nuestras vidas profesionales a prepararnos y formarnos para el ejercicio de la Arquitectura. En su redactado actual el Anteproyecto resulta arbitrario y discriminatorio para nuestra profesión y por tanto inconstitucional.
Es preciso seguir trabajando en el frente jurídico mediante la formulación de las correspondientes alegaciones y también continuar e intensificar los contactos políticos a todos los niveles, también hacia la opinión pública, para hacer ver los agravios comparativos que se producen, y que, si bien algunos cambios pueden ser oportunos y hasta necesarios, otros solo pueden traer perjuicios para los usuarios, con una peligrosa confusión de responsabilidades, la anulación del reconocimiento constitucional de los Colegios Profesionales y una confusión lamentable sobre los fines últimos de la Arquitectura, amen de un perjuicio notable para nuestro ejercicio profesional.
Como consecuencia del amplio y metódico trabajo realizado por los Colegios y el CSCAE, tenemos argumentos racionales que permiten confiar en la modificación del contenido del Anteproyecto de Ley. Nos proponemos movilizar todos los recursos que pone a nuestro alcance el Estado de Derecho para corregir el despropósito que supondría la transformación que se propone y nos mantendremos atentos al futuro desarrollo de los acontecimientos, por si fuera necesaria alguna acción colectiva de contenido profesional y social.
Jordi Ludevid i Anglada
Presidente del CSCAE