COVID-19

  • “Las diferencias jurídicas no justifican la exclusión de los profesionales adscritos al sistema mutual alternativo al RETA de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno”

    • Nueva carta del presidente del CSCAE al Ministerio de Asuntos Económicos reclamando que se corrija la discriminación actual

    Madrid, 24 de junio de 2020. Las diferencias jurídicas entre las mutualidades de previsión social y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social no pueden justificar la exclusión de los profesionales adscritos al sistema mutual legalmente establecido de las ayudas extraordinarias y urgentes habilitadas por el Gobierno con fondos públicos para mitigar el impacto de la crisis económica provocada por el coronavirus. De esta manera, en una nueva carta remitida a la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, vuelve a reclamar la justa equiparación entre mutualistas y autónomos del RETA. 

    El presidente advierte de la “grave e injusta situación de desamparo que sufre la profesión” por la práctica exclusión del plan de choque económico aprobado en virtud del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, e insiste en que las diferencias normativas no justifican la discriminación de unas medidas extraordinarias “que se basan en el mismo hecho causante”: “los impactos económicos y sociales que están provocando las medidas de contención para hacer frente a la pandemia y a la crisis económica, que ya se manifiesta de forma sensible”.

    Si la máxima con la que el Ejecutivo ha afrontado la crisis sobrevenida por el covid19 ha sido que nadie se va a quedar atrás, Comerón vuelve a señalar la discriminación que se está produciendo en este caso y reclama que se corrija. “No hay justificación objetiva para ella por la naturaleza de las medidas y los mismos supuestos de hechos concurrentes”, se lee en la carta, donde se recalca que los trabajadores adscritos al sistema mutual “son profesionales por cuenta propia con la misma condición profesional que quienes están dados de alta en el RETA y, desde luego, están sufriendo las mismas consecuencias” profesionales y económicas.

    Una reclamación recurrente
    La reclamación de medidas de apoyo económico y la equiparación con los autónomos adscritos al RETA por parte del CSCAE ha sido una constante desde que el Gobierno declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo. Se ha mantenido una interlocución continua con representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, exponiéndoles la grave situación por la que atraviesan los arquitectos y arquitectas, y se han remitido cartas a los ministerios de Asuntos Económicos y Asuntos Sociales y a los portavoces de todos los partidos políticos que integran la Comisión de Asuntos Financieros del Congreso con una propuesta de enmiendas al Real Decreto.

    Aunque la equiparación total aún no se ha producido, las reivindicaciones del CSCAE han quedado parcialmente recogidas en los reales decretos leyes 15/2020, de 22 de abril, y 16/2020, de 28 abril. El primero contempló moratorias en el pago de los alquileres de locales afectos a la actividad económica desarrollada como autónomos, siempre que se estuviera en situación de alta, y la disponibilidad excepcional de planes de pensiones. El RDL 16/2020, de medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia, amplió el apoyo a mutualistas para que pudieran disponer, excepcionalmente, de planes de pensiones no solo por cese de actividad, sino también si su facturación se reducía en un 75%.

    Por su parte, comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco han aprobado líneas de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva sin hacer distinciones entre profesionales adscritos al RETA y mutualistas. Más información en las páginas web de CACOA COAL,COACYLECOAGCOAVNCOAM , COAVN
    COVID 19 EQUIPARACIoN MUTUALISTAS

  • Arquitectos, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas solicitan al Gobierno un cierre temporal en obras de construcción

    • Las tres instituciones, que representan a más de 110.000 profesionales colegiados del sector, estiman que, en la situación actual, no es factible garantizar la salud pública y la seguridad del conjunto de agentes, trabajadores y personal interviniente en los trabajos

    • Solicitan al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que las medidas se adecuen a la realidad de las obras, teniendo en cuenta aquellos supuestos en los que los trabajos puedan ser compatibles con la respuesta frente al COVID19 en estos momentos

    Madrid, 24 de marzo de 2020.- Ante la imperiosa necesidad de contener la propagación masiva del coronavirus y la dificultad manifiesta de garantizar de forma real el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las obras de construcción, el CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España), el CGATE (Consejo General de la Arquitectura Técnica de España) y el CITOP (Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas), desde su responsabilidad social, han solicitado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una suspensión temporal en obras de construcción.

    En una carta conjunta de las tres entidades, que representan a más de 110.000 profesionales colegiados, manifiestan que, ante la situación generada por la rápida transmisión del COVID-19, esta medida contribuiría al esfuerzo colectivo por detener la expansión y garantizar las condiciones de seguridad y defensa de la salud de todos los agentes, trabajadores y personal interviniente en la obra establecidas en los protocolos sanitarios oficiales y demás normativa aplicable.

    Conscientes de la diversidad de actividades y circunstancias de las obras, las tres entidades también plantean que, en la situación actual, en la que el Gobierno ha establecido el confinamiento, el distanciamiento social y medidas para evitar el contagio, preservando la actividad económica, es necesario contemplar supuestos en los que el mantenimiento de obras y actividades, por su naturaleza específica, pueda ser compatible con las restricciones generales establecidas.

    El presidente del CSCAE, Lluís Comerón Graupera, ha manifestado: “En sintonía con el esfuerzo colectivo que está realizando el conjunto de la población española, la prioridad para el sector es frenar la expansión del virus y, para ello, es necesario un cierre temporal en obras de construcción. Para limitar el impacto económico y social de esta crisis, planteamos preparar ya una reactivación rápida del sector, prever,
    incluso, formas de recuperar la actividad, si la situación se prolonga y tenemos que convivir con la enfermedad, y que se contemplen supuestos donde el mantenimiento de la actividad sea posible”.

    En similares términos se ha pronunciado el presidente del CGATE, Alfredo Sanz Corma, quien ha añadido: “Somos conscientes de que muchas empresas están redoblando sus esfuerzos en el cumplimiento de las medidas aprobadas, pero las obras de edificación son completamente distintas de otros procesos de fabricación estandarizados. En las obras intervienen muchísimos agentes, son complejas y variadas en su desarrollo y hay una gran diversidad de obligaciones y responsabilidades por lo que requieren un tratamiento específico. Una vez asegurada la salud y seguridad de los trabajadores como primer objetivo, y en base a nuestra responsabilidad social, tendremos que contemplar la manera de intentar minimizar el impacto en el PIB de esta lamentable situación en la medida de nuestras posibilidades”.

    Por último, el presidente del CITOP, Carlos Dueñas Abellán, y en sintonía con el resto de presidentes, ha asegurado: “Nuestro sector, que ya fue duramente castigado por la crisis de 2008, es plenamente consciente de la gravísima situación de emergencia sanitaria y salud que está provocando el COVID-19 en todo el mundo. Lamentamos el impacto socioeconómico que tendrá en nuestras profesiones, pero lo que más nos preocupa es la reducción por todos los medios del coste humano”.

    Las tres entidades firmantes plantean al Ministerio que tenga en cuenta algunos supuestos en los que los trabajos pueden considerarse compatibles con la respuesta frente al COVID-19 en estos momentos. Por ejemplo, todas aquellas obras de ejecución urgente que responden al interés general y, de manera especial, las que estén vinculadas directa o indirectamente a las respuestas necesarias frente al COVID-19, como hospitales de campaña, adecuación de centros sanitarios, etcétera. Otras excepciones podrían ser aquellas obras que se encuentren en la fase última de ejecución o que se desarrollen en las partes interiores de las obras en ejecución, entre otras.

    CSCAE, CGATE y CITOP manifiestan también su disposición a seguir trabajando con normalidad en el resto de las actividades no relacionadas con la ejecución de las obras con el objetivo de reducir todo lo posible el impacto económico del COVID-19 y estar preparados para recuperar el ritmo en este sector tan estratégico una vez que superemos esta gravísima crisis sanitaria. De esta forma, los tres colectivos evitarán retrasos en el momento en el que se reanude la actividad y se recuperará parte del tiempo perdido en el marco de un plan de reactivación del sector que será clave para acelerar la recuperación económica de España.

    Carta Conjunta

  • Centro de información sobre el Covid-19 de la UIA

    centro covid UIA webLa Unión de Arquitectos Internacional (UIA) ha habilitado en su página web un centro de recursos compartidos sobre la emergencia sanitaria derivada del brote de COVID-19. Este archivo web se ha elaborado por todas las instituciones miembro de las regiones que conforman la organización y se incluyen guías de prevención, de actuación, ayudas de los gobiernos, acciones emprendidas, etc. 

    Puede consultarse desde este enlace. 

  • Compendio de ayudas públicas a mutualistas por la crisis económica derivada del Covid19

    “Las diferencias jurídicas no justifican la exclusión de los profesionales adscritos al sistema mutual alternativo al RETA de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno” ante la crisis del Covid19. Este ha sido el principal argumento que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha esgrimido ante el Ejecutivo central para la justa equiparación de los derechos de los arquitectos y arquitectas adscritos al sistema mutual alternativo con los de los profesionales que cotizan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Siendo medidas extraordinarias y de carácter público para paliar los efectos económicos y sociales derivados del covid19, no hay justificación objetiva razonable para que los profesionales no adscritos al RETA que han sufrido y sufren los mismos efectos no perciban esas ayudas.

    00 AYUDAS PUBLICAS MUTUALISTASLa presión continua, a través de cartas dirigidas a la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, a los representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a todos los portavoces de los partidos políticos que componen la Comisión de Asuntos Financieros del Congreso, se ha traducido en diferentes medidas, recogidas en los reales decretos leyes 15/2020, de 22 de abril, y 16/2020, de 28 abril. Entre ellas, moratorias en el pago de los alquileres de locales afectos a la actividad económica desarrollada como autónomos, siempre que se estuviera en situación de alta, y la disponibilidad excepcional de planes de pensiones y en la puesta a disposición, con carácter excepcional, de planes de pensiones no solo por cese de actividad, sino también por caídas de la facturación de un 75%.

    Más información:
    https://www.cscae.com/index.php/conoce-cscae/area-presidencia/6223-coronavirus-seis-semanas-de-intensa-actividad-con-el-gobierno-en-defensa-de-los-arquitectos-y-arquitectas

    En paralelo, varias comunidades autónomas, como Andalucía, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra, han aprobado líneas de subvenciones* que asumían la equiparación reivindicada:

    Andalucía

    La Junta de Andalucía aprobó la concesión de ayudas de 300 euros a los autónomos afectados por el Covid-19 a través del Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus.

    Esta línea de subvenciones se destinó a todas aquellas personas trabajadoras autónomas, incluidas las mutualistas, que no se beneficiaron de la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, así como para aquellas que no desarrollan su actividad en el ámbito de los sectores calificados como esenciales.

    Puedes consultar las ayudas en este enlace https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/1

    Castilla y León

    En virtud de la orden EYH/422/2020, de 26 de mayo, el Gobierno de Castilla y León aprobó las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a autónomos para financiar los gastos derivados de créditos suscritos con entidades financieras dentro del ámbito territorial de la comunidad con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. Esta ayuda fue de 300 euros por beneficiario.

    Asimismo, el 14 de julio de 2020, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León convocó una línea de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en la comunidad para el año 2020, indicando: “Serán beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas, incluidas aquellas que formen parte de una entidad sin personalidad jurídica, que se establezcan por cuenta propia y se hayan dado de alta como autónomas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente entre el 1 de septiembre de 2019 y el 15 de septiembre de 2020”.

    La cuantía máxima de la subvención por persona se calculó en función de lo acreditado por los solicitantes:
    - 4.000 euros, si el beneficiario de la subvención es menor de 35 años, persona de entre 35 y 44 años, ambos inclusive, que sea desempleada de larga duración, o si tiene 45 o más edad.
    - 3.000 euros, si el beneficiario es una persona de entre 35 y 44 años de edad, no desempleada de larga duración, que haya permanecido inscrita como desempleada en el Servicio Público de Empleo durante 3 o más meses ininterrumpidos, inmediatamente anteriores al día de alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente.
    - En el caso de que la acreditación se refiriese a la contratación de servicios para mejorar el desarrollo de la actividad económica, se subvencionó con el 75% del coste real de los servicios prestados, IVA excluido, con un máximo de 3.000 euros.
    - La acreditación de cursos de formación se subvencionó con el 75% del coste real de la formación recibida, IVA excluido, con un máximo de 2.000 €.

    Publicación en el BOCYL
    http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-12.pdf

    Bases reguladoras (orden EEI/521/2020)
    http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/24/pdf/BOCYL-D-24062020-5.pdf

    También se aprobó una línea de créditos que puede consultarse en este enlace https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284954110074/_/_/_

    Galicia

    Como medida decretada por la Xunta de Galicia, el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) ha establecido una línea de financiación consistente en préstamos avalados tanto para pymes, incluyendo a autónomos (ya coticen al RETA o su Mutualidad Alternativa), sociedades mercantiles, Sociedades Civiles (S. C). o Comunidades de Bienes (C. B.) -por lo que están incluidas las sociedades profesionales- que se encuentren afectadas por el Covid19.

    El IGAPE avaló un máximo del 25% del riesgo asumido por los avalistas, subvencionando a fondo perdido un importe equivalente la suma de los intereses de los préstamos concedidos.

    Puedes consultar estas ayudas en este enlace:
    https://portal.coag.es/publicada-en-portada/igape-prestamos-avalados-para-apoiar-a-pemes-e-autonomos-no-contexto-do-actual-brote-do-covid-19/

    Disponen de un teléfono de atención gratuita: 900 815 600

    Madrid

    La Comunidad de Madrid aprobó ayudas para el abono del importe de las cotizaciones sociales para marzo y abril de 2020 para tratar de evitar la falta de liquidez en las primeras semanas de confinamiento dentro de su programa Continúa de ayudas a autónomos por la crisis del Covid19.

    El importe de los créditos presupuestarios fue de 38.219.610 euros en total.

    https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354823546735&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411

    BOCM
    http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/29/BOCM-20200429-3.PD

    País Vasco y Navarra

    El RDL 15/2020, de 22 de abril, incorporó las siguientes ayudas para pymes:
    - Moratorias en el pago de los alquileres de locales afectos a la actividad económica.

    Descarga el RDL en este enlace.

    Dentro de las ayudas a autónomos, el RDL 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia amplía el apoyo a mutualistas para que puedan disponer, excepcionalmente, de planes de pensiones no solo por cese de actividad, sino también si su facturación se ha visto reducido en un 75%. Descarga el RLD 16/2020 en este enlace.


    *Información facilitada por CACOA, COACYLE, COAL, COAG, COAM y COAVN

  • Construirnos un futuro mejor

    “Construirnos un futuro mejor”
    por Lluís Comerón, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

    Artículo de opinión publicado en La Vanguardia el 4 de abril de 2020

    Levantar y mejorar viviendas, edificios y espacios públicos, configurando nuestros pueblos y ciudades para construirnos un futuro mejor, es una actividad consustancial a las sociedades humanas, que constituye la base del trabajo de los arquitectos.

    Las migraciones de los años 60, el crecimiento económico de los 80 y el aumento demográfico posterior requirieron un esfuerzo para construir nuevas viviendas que se paralizó con la crisis financiera de 2007. Desde entonces, la actividad de la construcción, en general, y la de los arquitectos, en particular, cayó cerca del 90% y ha permanecido casi paralizada, manteniéndose inferior a la de cualquier otro periodo de los últimos 50 años, a pesar de los ligeros repuntes que se han registrado.

    Antes de que se desencadenara esta pandemia, frente a la emergencia climática y el insostenibilidad de los modelos productivos, sociales y urbanos actuales, ya éramos conscientes de la necesidad de impulsar una transformación profunda de nuestros edificios, ciudades y territorios para seguir proporcionándonos bienestar y salud, garantizar el derecho a la vivienda y responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía en materia de accesibilidad, funcionalidad y adaptación a las nuevas formas de vida y de trabajo, recuperando el equilibrio medioambiental.

    Estas semanas de confinamiento nos han permitido constatar el valor de la calidad de nuestro entorno construido para sentirnos bien. La luz del sol a través de ventanas adecuadamente dispuestas; la utilidad de terrazas y galerías, como espacios intermedios de contacto con el exterior, o el tamaño y las proporciones de dormitorios y salas, más allá de la calidad material de los elementos constructivos, aportan confort, mejoran la habitabilidad de los espacios e, incluso, facilitan la convivencia familiar. Ahora somos más conscientes que nunca de que la arquitectura es un instrumento esencial para nuestra calidad de vida.

    Pero la pandemia de COVID19, además del impacto sobre la salud, acarrea graves consecuencias económicas. En nuestra profesión, una reciente encuesta impulsada por el CSCAE y los colegios de arquitectos ha revelado una caída del trabajo cercana al 50% y, según las previsiones, hasta final de año, también lo harán los nuevos encargos, con la consiguiente pérdida de ingresos.

    La situación es inédita y difícil para el conjunto de la sociedad y muy dura para un sector que no se había recuperado de la crisis anterior. No obstante, los retos que teníamos claros antes de la pandemia se mantienen y acelerar la estrategia para darles respuesta puede ser clave en la recuperación económica. Sobre todo, con un sector de la construcción centrado en la rehabilitación y la renovación urbana como factores de cambio. Solo alcanzando el nivel de actividad que ya tiene en los países de nuestro entorno, donde ocupa al 3,9% de la población activa, cuando en España esta tasa solo es del al 2,2%, podría dar empleo a corto plazo a unos 400.000 trabajadores. Así, la construcción evitaría ser parte del problema, como sucedió en la crisis anterior, y contribuiría a la solución. Y aquí los arquitectos tenemos un papel fundamental.

    Es el momento de impulsar con políticas públicas claras, consensuadas y suficientemente dotadas la rehabilitación y la renovación urbana como motores de recuperación y de cambio, capaces de reactivar la economía y de acometer, al mismo tiempo, la actualización necesaria de nuestras viviendas, edificios y barrios para construirnos ese futuro mejor que todos queremos.

    un futuro mejor Presidente Vanguardia 3 de mayo

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