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La demolición de la Casa Guzmán, una joya de la arquitectura contemporánea, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de articular una Ley Estatal de Arquitectura y Habitabilidad que proteja el patrimonio y reconozca el interés público de esta disciplina. 

"Esta ley daría forma a aspectos clave como la mejora de la habitabilidad a través de la orientación a la vivienda digna, la defensa del patrimonio histórico y cultural, la promoción del proyecto arquitectónico y urbanístico y la sensibilización de la sociedad ante los valores arquitectónicos", defiende el presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Jordi Ludevid.

Pero también esta norma descansaría en otro pilar importante: el establecimiento de ciertas bases en el ejercicio profesional para asegurar que la arquitectura pueda materializarse como un bien público al servicio de la sociedad. "Debe estar sometida al escrutinio de los ciudadanos, con concursos basados en criterios de calidad y no de subasta de precio a la baja", piensa José María Ezquiaga, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid (Coam).

De la misma opinión es Inés Leal, arquitecta y directora del Congreso de Edificios de Energía Casi Nula, para quien "la puesta en valor de la arquitectura repercute también en la dignificación del trabajo que realizan los profesionales y en la necesidad de modificar mecanismos jurídico-administrativos adversos, como la contratación pública o la planificación urbana, ahora guiados por pautas no relativas al interés social ni a la mejora de nuestro entorno".

Y es que no debe olvidarse que paralelamente a la pérdida del patrimonio, los arquitectos españoles están cosechando éxitos internacionales como, por ejemplo, el León de Oro de la Bienal de Venecia 2016 y el Premio Pritzker 2017. "La arquitectura en el mundo habla español y, sin embargo, en España, está desprotegida", se queja Ludevid, que no duda en calificar de "sinsentido" la situación actual de los arquitectos, "acechados por regulaciones y prácticas inadecuadas, y con ingresos medios de 23.000 euros al año".

"No hay lugar a dudas. Desde las administraciones se debería apoyar más al arquitecto español", dice con contundencia Martha Thorne, directora ejecutiva de los Premios Pritzker de Arquitectura y decana de IE School of Architecture and Design, que aboga por una ampliación de su papel, "ya que los arquitectos no sólo diseñan y supervisan edificios, sino que por su formación están constantemente procesando situaciones complejas e imaginando alternativas del futuro".

Profesión "maltratada"

"La arquitectura", critica Ezquiaga, "está maltratada en la desconsideración de su valor cultural". Esta realidad se debe, en gran parte, al desconocimiento del patrimonio, fundamentalmente contemporáneo, por parte del público, la desprotección de las administraciones públicas y la existencia de normativas que estimulan la sustitución de los edificios para conseguir una mayor edificabilidad, como se ha podido comprobar con la demolición de la Casa Guzmán, obra maestra de Alejandro de la Sota.

Por el momento, el CSCAE, que lleva trabajando desde 2011 en borradores de la propuesta de Ley de Arquitectura y Habitabilidad, ha mantenido una primera reunión con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "que se ha mostrado muy receptivo y encomendando la creación de un grupo de trabajo para estudiar esta ley", asegura Ludevid. Y es que, como suele decir, "si la habitabilidad es el problema, y en todo el mundo lo es, la arquitectura es la solución a este problema". Una ley que no es para los arquitectos, sino para los ciudadanos.

Artículo de Juanjo Bueno publicado el 2 de junio de 2017 en El Mundo. 

Foto de la miniatura de portada: Casa Guzmán (1972). Archivo Fundación Alejandro de la Sota

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