- El director general de Vivienda destaca la necesidad de un Pacto por la Vivienda
Madrid, 15 de julio de 2020. El acceso a la vivienda como derecho inaplazable y las diferentes propuestas de operadores públicos y privados para solventarlo centró la reunión del Grupo de Trabajo “Ciudad y Territorio Justo – Acceso a la Vivienda” del Observatorio 2030 del CSCAE, celebrada el 8 de julio.
En la presentación del encuentro, que, como en los casos anteriores, tuvo lugar de forma telemática, el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, indicó que la pandemia de Covid19 ha influido en cualquier iniciativa que se estuviese en marcha de forma previa, y comentó: “Esto nos debe ayudar a ser transilientes, que es la cualidad de dar un salto exponencial hacia adelante”. En este sentido, señaló que el comunicado conjunto impulsado por el CSCAE, con la CNC, los sindicatos CC OO y UGT, APCEspaña y el CGATE, para contribuir a la recuperación económica y social del país plantea la necesidad de reactivar el sector de la edificación y la construcción entendiendo que se trata de una inversión a futuro. Así quedó de manifiesto en todas las ponencias.
La directora del Observatorio 2030 del CSCAE, Angela Baldellou, señaló “la importancia del derecho al acceso a la vivienda en Europa y en el resto del mundo. De ahí, la variedad y heterogeneidad de los ponentes”. En esta ocasión, participaron Jesús Ruiz-Huerta, director del laboratorio de la Fundación Alternativas; Soledad Borrego, directora de Relaciones Internacionales de SAREB; Sergio Redruello, managing director de Álvarez y Marsal; Alberto Bayona, director gerente de Nasuvinsa (Sociedad Pública Navarra de Suelo y Vivienda); José María García, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid; Lucía Martín, concejala de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona; Carolina Roca, vicepresidenta de ASPRIMA, APCEspaña, y Javier Martin Ramiro, director general de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Las distintas visiones del sector
La directora de Relaciones Internacionales de SAREB, desde la perspectiva de la inversión privada, compartió con los asistentes las iniciativas que se tomaron durante la pandemia para facilitar pagos y garantizar el acceso a la vivienda a las personas en situación de vulnerabilidad. Como gestora de fondos, Soledad Borrego destacó que, en este periodo, SAREB ha firmado hasta cinco convenios con diferentes administraciones públicas para el desempeño de su labor, que es liquidar todos los fondos recibidos en los años anteriores.
Sergio Redruello, managing director de Alvarez y Marsal, expuso la perspectiva de la financiación en la compra de vivienda, centrada en los menores de 35 años, que, en todos los países de nuestro entorno, comparten un problema común: "En España, hay un millón de demandantes solventes, pero no tienen respuesta de las entidades porque no pueden pagar la entrada". En su opinión, los estados tienen dos opciones para solventar esta situación. Por un lado, hacer como Reino Unido con ayuda de un aval del 20%, o Alemania, donde se inyecta dinero directamente para facilitar la operación. Es un modelo limitado, ya que los recursos de los países lo son y que ocupa muy poco porcentaje de la inversión total, apenas el 2% del segmento de población de beneficia de estos programas.
La segunda opción es el modelo de EEUU, Canadá o Países Bajos, donde los estados proporcionan garantías: si quien accede a la hipoteca no puede hacer frente a los pagos, el banco recibe un porcentaje de beneficio sobre la hipoteca pactado previamente con los gobiernos. Para Redruello, sería interesante que “se estudiasen nuevas fórmulas de colaboración público-privada que fueran más ágiles y eficientes para que los bancos pudiesen abrir de forma más amplia sus líneas de crédito a los jóvenes menores de 35 años”.
A continuación, el director gerente de Nasuvinsa detalló la gestión de esta empresa pública en Navarra como un ejemplo de éxito a la hora de implementar políticas de colaboración público-privadas. “Nasuvisna, en sus suelos en propiedad, hace una licitación de cesión de derecho de superficie en el que un inversor privado asume la inversión del coste y el Gobierno de Navarra garantiza el alquiler durante los próximos 30 años con independencia del índice de ocupación de las viviendas, morosidad, mantenimiento, etcétera”, señaló Alberto Bayona, que recordó que existen en Navarra 11.000 demandantes de vivienda y que esta estrategia está incrementando el parque público, además de apostar por la calidad arquitectónica, generándose una rentabilidad del 4% y estando la gestión integral asumida por el Gobierno de Navarra, recuperándose la propiedad pasadas las tres décadas"
Aprovechando el reciente Pacto Regional por la Vivienda, que se firmó en la Comunidad de Madrid el 29 de junio, el director general de Vivienda y Rehabilitación, expuso cómo, en su opinión, tienen que avanzar las políticas públicas para garantizar este derecho constitucional. “El presupuesto público es limitado, por lo que tenemos que hacer atractivas fórmulas para que entre el capital privado, reservándose la Administración la gestión de esas viviendas -indicó García-, generando además actividad económica que revierte en la Administración en forma de impuestos y en empleos”. Habló también del Plan PIVE de la Comunidad de Madrid, que permite un amplio margen de vida a la concesión de suelo público, hasta 75 años, ofreciendo una rentabilidad razonable al capital inversor de tal forma que acabe también revirtiendo en el patrimonio madrileño.
Desde la perspectiva de la Administración local intervino Lucía Martín, concejala de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, que desgranó las políticas de vivienda impulsadas en la capital condal desde el anterior mandato. No obstante, aclaró que no existe una única política válida para dar respuesta a los numerosos problemas de vivienda, y abogó: “Necesitamos un abanico amplio de posibilidades y tener en cuenta también lo que no ha funcionado en el pasado”, remarcando la herencia de la crisis hipotecaria vivida hace ya 12 años que dio paso a una burbuja de alquileres que en los entornos urbanos está dificultando el acceso a la vivienda no solo a personas jóvenes. “Lo que es indispensable para poner en práctica políticas de vivienda es tener dinero”, indicó Martín.
Otra de las claves que dio para atender esta situación es disponer de datos fiables y actualizados. Este es el motivo de que, en Barcelona, se pusiera en marcha el Observatorio de Vivienda, que ha permitido elaborar un mapa más detallado de la situación de la ciudad, derribar mitos sobre la situación del parque de viviendas y arrojar luz sobre las necesidades de la población.
Por su parte, la vicepresidenta de ASPRIMA - APCEspaña, Carolina Roca, subrayó que el sector privado es socio necesario para garantizar el acceso a la vivienda y, para ello, indicó que “o se amplían los fondos públicos destinados a vivienda o no podrán afrontarse las previsiones que existían antes de la crisis del COVID 19”. “Desde el sector inmobiliario, que ha seguido activo mediante reuniones, hemos visto que no hemos sufrido un parón semejante al vivido al sector turístico u hostelería. Esos sectores ayudaron en la crisis del 2008 a sacar la economía a flote y vemos cómo ahora nuestro sector es uno de los que va a tirar de la actividad económica del país”. Los datos sobre políticas de vivienda de los últimos 10 años son, a su juicio, nefastos: “tras diez años produciendo vivienda por debajo de lo necesario, consideramos que podemos aumentar el número de unidades. Nuestro sector es muy intensivo en generación de empleo y daría una solución al problema de acceso a la vivienda".
Para cerrar la reunión, el director general de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana explicó las políticas públicas del Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda. “Todos los agentes estamos trabajando en líneas muy parecidas y estamos de acuerdo en la necesidad de que se firme un Pacto por la Vivienda”, señaló. También apuntó: "Con 290.000 viviendas públicas, que representan el 1,6% del parque, necesitamos un salto de escala, sin cerrarnos a ninguna fórmula de las que se han comentado en esta reunión. La movilización de suelo es clave, así como alinear los instrumentos de las diferentes administraciones. Hay que mirar lo que no ha funcionado y copiar lo que sí en las colaboraciones público-privadas"
Finalizada la reunión, se recordó a los participantes la importancia de estos encuentros virtuales y la coordinación a través de la página web del Observatorio 2030, que está plenamente operativa y donde pueden consultarse todo el conocimiento que está generando este proyecto estratégico del CSCAE.
Las reuniones de reactivación del Observatorio 2030 del CSCAE arrancaron en junio, en pleno proceso de desescalada del confinamiento, y están sirviendo para poner en común las necesidades detectadas a raíz de la experiencia derivada del Covid19 e incorporarlas a las estrategias planteadas a medio y largo plazo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
