Estimado/a compañero/a,
Como sabes por los medios de comunicación, el Gobierno del Estado prevé el inicio de la tramitación de la Ley de Servicios Profesionales en las próximas semanas. Este proyecto legislativo ha generado, desde que se hicieron públicos sus objetivos, una importante reacción de los colectivos profesionales afectados por lo que puede suponer un proceso de desregulación.
Como es obligado, desde el primer momento el CSCAE ha estado especialmente atento a todo lo relativo al proyecto con el que se iniciaría el proceso para la tramitación del cambio legislativo.
En estos momentos no se dispone, en ninguno de los ámbitos a los que tenemos acceso institucional, de redactado alguno que nos permita valorar la transcendencia efectiva que el proyecto pueda tener sobre la actividad profesional de los arquitectos. Nuestra actuación, por tanto, ha estado centrada en compartir con nuestros interlocutores las características de nuestra actividad profesional y la especial necesidad, por ello, de una regulación específica, como la que ya establece la Ley de Ordenación de la Edificación y el eficaz instrumento que, para la regulación de la profesión, significan los Colegios de Arquitectos.
Mantenemos una fluida comunicación con el Ministerio de Fomento que nos permita estar al día del contenido, desarrollo y evolución de los borradores del citado Proyecto de Ley.
Este Consejo entiende que la profesión de arquitecto, por el interés público de la arquitectura y por la transcendencia de nuestra intervención en aspectos esenciales como la seguridad de las personas, debe ser, y seguir siendo, una profesión regulada y colegiada para su mayor eficacia y utilidad social. Así sucede en la mayoría de países europeos.
Los Colegios son un instrumento esencial de ordenación profesional para garantizar la prestación de los servicios de los Arquitectos, en beneficio de los ciudadanos usuarios de tales servicios.
Por todo lo anterior estamos especialmente atentos a cualquier aspecto desregulador que pudiera implicar la incorporación de otros profesionales con nuevas atribuciones en nuestro sector, con menoscabo de la capacidad asociada a nuestra profesión y de su utilidad social. En ese caso, como no podría ser de otro modo, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, con el apoyo del colectivo al que representa, contestaría enérgicamente en defensa de lo que para nosotros es una sólida convicción.
Madrid, 23 de febrero de 2011
Jordi Ludevid
Presidente
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