Notas de Prensa

Operadores de la construcción abogan por una estrategia integral y la colaboración público-privada para reactivar el sector y contribuir a la recuperación económica

  • Dar respuesta a las necesidades del país en materia de infraestructuras, vivienda, renovación urbana y energía generarían más de cuatro millones de empleos, según las estimaciones de SEOPAN, el CSCAE, APCE y la empresa Neoelectra
  • El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda subraya la apuesta del Gobierno para impulsar la vivienda protegida, aumentar el parque público en alquiler y promover la rehabilitación y renovación urbana, implementando la Agenda Urbana Española
  • El presidente del CSCAE señala: “Hay que cambiar el ritmo de rehabilitación del PNIEC, pensado para otro momento y con otras perspectivas”.

Madrid, 10 de junio de 2020. “El sector de la construcción: palanca de la recuperación económica”. Con este título el Observatorio 2030 del CSCAE ha retomado sus reuniones de trabajo, analizando, desde cinco perspectivas complementarias, la importancia del sector en el complejo escenario derivado de la pandemia de covid19. Infraestructuras, vivienda, energía y territorio, renovación urbana y políticas públicas han sido los cinco ejes que han vertebrado un encuentro telemático en el que todos los intervinientes han coincidido en el potencial del sector para generar cientos de miles de puestos de trabajo y en la necesaria colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda y transformar nuestros pueblos, ciudades y territorios a partir de una estrategia integral y a largo plazo que alinee objetivos y ofrezca un marco jurídico estable que dé confianza y atraiga la inversión.


base observatorio GT JUNIO copia nota rrss 2El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, ha señalado que, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se está trabajando en diferentes propuestas para que la recuperación económica sea duradera y la protección social, “un elemento de referencia para que nadie se quede atrás”. En concreto, el derecho a una vivienda digna a un precio asequible. En este sentido, ha subrayado la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, “inferior a la media europea y que ha supuesto problemas de acceso a la vivienda para muchos ciudadanos y ha podido tensionar los precios de alquiler por falta de oferta”. Para ello, ha dicho: “Tenemos que activar suelos suficientes y necesarios para hacer reservas para vivienda protegida y, sobre todo, agilizando los planeamientos urbanos para que se puedan desarrollar lo antes posible”.


Lucas Parrón ha destacado, igualmente, el impulso a la vivienda pública de alquiler a través de instrumentos, como el Plan 20.000, y ha calificado de “imprescindible” la colaboración público-privada. En este sentido, ha recordado que el parque público de vivienda en alquiler no llega al 2,5%, mientras que la media en Europa se sitúa en torno al 15% y, tomando como referencia los datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ha señalado que 10 millones de inmuebles necesitan una rehabilitación energética y que, sin embargo, la cifra actual “es muy pequeña”: 31.000 solo el año pasado. “El reto es mayúsculo y se necesitan muchos recursos económicos”, ha recalcado el secretario general, que ha anunciado que su departamento intensificará la acción pública en coordinación con el sector para implementar y desarrollar la Agenda Urbana Española con el fin de “modificar comportamientos y que mejore la calidad de vida de los ciudadanos”. Asimismo, ha abogado por la agilización de la tramitación de licencias, ayudando a los ayuntamientos para que hagan un mejor uso de las tecnologías disponibles o reduciendo los procesos administrativos.

Renovación urbana
El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, ha destacado la importancia de acometer la renovación energética de esos 10 millones de viviendas, pero ha advertido de que las necesidades de rehabilitación no se limitan únicamente a una adecuación medioambiental. El 50% de los 25,5 millones de inmuebles que conforman el parque residencial en nuestro país tiene problemas de accesibilidad. No está adaptado a las necesidades de una población cada vez más envejecida -ha lamentado Comerón-. Y, además, es precisa una adecuación funcional generalizada porque “nuestras vidas son distintas a las de las generaciones anteriores y antes de la epidemia ya no encajaban con nuestras demandas”.


Con datos de otros países europeos similares al nuestro, como Portugal, Francia o Italia, donde la tasa de ocupación en rehabilitación, con un 3,9%, dobla prácticamente a la de España, que se sitúa en el 2,2%, Comerón se ha mostrado convencido del potencial de la renovación urbana como motor económico. Solo alcanzando ese porcentaje, se crearían 400.000 empleos, puesto que -como ha explicado- la rehabilitación es un sector muy intensivo en mano de obra y, por cada millón de euros invertidos, se generan entre 18 y 54 empleos en función de la obra. Y, además, la Administración ahorraría dinero en prestaciones por desempleo: “De los 12.000 millones de inversiones al año que nos llevarían a acercarnos a nuestros vecinos europeos, un tercio (4.000 millones) retornaría a las arcas públicas en ahorro en prestaciones por desempleo, sin tener en cuenta el ahorro en coste personal y social”. Por eso, reivindicando “acciones de máxima urgencia para que el sector no pare”, ha subrayado: “Hay que cambiar el ritmo de rehabilitación del PNIEC, pensado para otro momento y con otras perspectivas”.


Por último, también ha apelado a un marco normativo y a medidas que faciliten la apuesta de los propietarios por la rehabilitación, y por entender la puesta en marcha de un Plan Nacional de Vivienda, un Plan Nacional de Renovación Urbana y la futura Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido como un conjunto integrado para promover la rehabilitación, pero también el resto de desafíos relacionados con la vivienda y las ciudades en nuestro país.

Infraestructuras
Para reactivar la economía, que es, en estos momentos, “la prioridad” de nuestro país, el presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), Julián Núñez, ha considerado urgente que “todos nuestros políticos aparquen las diferencias y se centren en nuestro futuro inmediato”. Esto es, en apoyar a las empresas. En materia de infraestructuras, ha lamentado: “Hemos perdido una década como consecuencia de la crisis anterior. Se dejaron de invertir más de 220.000 millones de euros”.
En estos momentos, las necesidades de inversión para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 serían necesarios 157.000 millones. Esta inversión tendría generaría más de 2,3 millones de empleos y tendría un retorno fiscal del 49%, equivalente a 7.000 millones de euros. “Esto requiere revisar el modelo de financiación y recuperar la colaboración pública-privada y el modelo concesional”, ha apuntado.

Vivienda
Como consecuencia del confinamiento para contener la propagación del coronavirus, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha resaltado el valor de los espacios que habitamos y la importancia de que estén bien diseñados, y ha expuesto cuatro líneas de actuación en materia de vivienda que son complementarias y generarían 1,2 millones de empleos en total. La primera es estimular la compraventa, un ámbito en el que sería necesaria la colaboración de las administraciones públicas, el Estado a través del ICO y/o entidades financieras, y la iniciativa privada, los promotores.


En este sentido, APCE pide al Estado un compromiso de aval para que aquellos que no hayan tenido capacidad de ahorro, pero sí dispongan de capacidad de pago, puedan comprar una vivienda. “De esta forma, solventaríamos un problema estructural”, ha valorado.
Otra medida que ha considerado “fundamental” es estimular la vivienda en alquiler con un IVA “superreducido” y seguridad jurídica, porque -ha apuntado- “Inversores internacionales tienen interés en invertir en nuestro país, pero consideran que no hay suficiente transparencia o falta de seguridad jurídica”. También ha abogado por modificar la Ley de Propiedad Horizontal para estimular la rehabilitación de viviendas y edificios y, en materia de formación, ha abogado por un programa de formación profesional dual que haga atractivo el trabajo en el sector, que vive un proceso de envejecimiento de las plantillas.

 

Energía y territorio
Por su parte, el director ejecutivo de la empresa Neoelectra, Antonio Cortés-Ruiz, ha asegurado que existe un enorme interés en invertir en la renovación de activos energéticos en España. “No hay escasez de dinero para financiar proyectos energéticos ni en España, ni en Europa, ni en todo el mundo. Al contrario. Hay 1.000 millones en inversiones y a la Administración solo se le pide un marco regulatorio transparente que todos entendamos y que no dependa de los movimientos políticos”. Solo en generación energética de alta eficiencia se generarían 200.000 empleos, ha apuntado Cortés-Ruiz, que también ha hecho hincapié en que estas inversiones supondrían una “oportunidad única” para introducir nuevas tecnologías en España y garantizar que el país no colapsa y dispone de bienes de equipo fabricados a nivel nacional para el caso de que se repitan situaciones como la provocada por el coronavirus.

La reunión del grupo de trabajo “Ciudad y Territorio Productivo”, que ha estado moderada por la directora del Observatorio 2030 del CSCAE, Ángela Baldellou, y el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Baldomero Navalón, ha finalizado con un debate en el que han participado, entre otros, el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, José María Gómez, la directora de Instituciones y Grandes Cuentas de Sociedad de Tasación, Consuelo Villanueva y Jaime Pascual-Sanchiz, CEO de Savills-Aguirre Newman. 

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