- Desde que se declaró el estado de alarma, el 78% de los arquitectos españoles ha visto paralizarse alguna de sus obras, principalmente, por motivos de seguridad frente al contagio
- La carga de trabajo se ha visto reducida a la mitad y la previsión es cerrar el año con una pérdida de ingresos del 57%
- El 68% de los profesionales advierte de retrasos en los proyectos, imputables, en un 44% de los casos, a los ayuntamientos
- Más de la mitad de los arquitectos adscritos a una mutualidad social alternativa al RETA están pendientes de que las medidas económicas del Gobierno no los discrimine de las ayudas a autónomos
- El presidente del CSCAE, Lluís Comerón, subraya: “Estos datos constatan que el sector va a necesitar un fuerte apoyo por parte de las administraciones públicas”
Madrid, 21 de abril de 2019. Desde que el Gobierno declaró el estado de alarma para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, el 80% de los arquitectos y arquitectas españoles no solo ha visto paralizarse alguna de las obras de construcción en las que trabajaba. Los nuevos encargos han caído, de media, en un 69% y, para lo que resta de año, se prevé un desplome del 55%.
Estos son algunos de los resultados que arroja la encuesta telemática impulsada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) para medir el impacto del covid-19 entre los profesionales de la Arquitectura, tanto a nivel laboral como personal. Teniendo en cuenta que el trabajo en los estudios de arquitectura es un indicador avanzado de la actividad en la construcción, los datos obtenidos “permiten constatar que el sector va a necesitar un fuerte apoyo no solo por los efectos del confinamiento, sino por las consecuencias a medio y largo plazo de la crisis económica que sobrevendrá”, alerta el presidente del CSCAE, Lluís Comerón.
Realizado entre el 6 y el 13 de abril, justamente en la quincena en la que el Ejecutivo ordenó la “hibernación” de la economía para evitar que el sistema sanitario colapsara, en el sondeo participaron 5.138 profesionales, de los que el 97,25% están colegiados. Este porcentaje representa a casi el 11% de los arquitectos y arquitectas colegiados en nuestro país.
Preguntados por la incidencia del coronavirus en sus estudios, un 78% de los arquitectos menciona el cierre de obras, junto a los retrasos en los proyectos (68%) y las cancelaciones de otros (40%). En este sentido, cabe destacar que en más de la mitad de los casos la paralización de los trabajos estuvo relacionada con las dificultades para hacer compatibles las obras con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias para garantizar la salud de los trabajadores y de la ciudadanía, en general, y evitar la propagación de la pandemia.
La segunda causa, con una incidencia del 47%, fue el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se aprobaron los permisos retribuidos recuperables para trabajadores por cuenta ajena. Esta medida paralizó de facto al sector. Tras su aprobación, solo el 6% de los arquitectos que participó en el sondeo decía tener aún alguna obra abierta. El 13% de los trabajos se cerró por falta de suministros.
Como consecuencia de todo ello, entre los impactos señalados, el 72% de los profesionales constata una reducción en los nuevos encargos; un 69% apunta a una disminución de la carga de trabajo de en torno al 56%; el 23% advierte gastos irrecuperables y casi un 11% ha sufrido despidos o suspensiones de contratos.
Pérdida de ingresos y “discriminación” en las ayudas
Los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus en el sector de la construcción se traducen en consecuencias evidentes sobre la situación económica de los profesionales de la Arquitectura en España. Hasta el 13 de abril, un 72% de los arquitectos manifestaba que sus ingresos individuales se habían reducido. Los pronósticos no son halagüeños a medio plazo: el 86% de los profesionales que ha participado en la encuesta cree que, de media, sus ingresos caerán en torno al 57% en relación con los de 2019. La principal causa es que, de media, estiman que los nuevos encargos se reducirán en un 55% en lo que queda de año y prevén un descenso en la carga de trabajo del 48%.
La pérdida de ingresos por la paralización y/o la ralentización de la actividad productiva que está sufriendo el sector es generalizada entre los arquitectos. Un colectivo compuesto en su mayoría por profesionales autónomos que, como refleja la encuesta, o bien trabajan solos (42% de las respuestas) o están al frente de despachos en los que están ocupadas entre 2 y 5 personas (46%).
Por este motivo, desde el principio de la crisis, una de las principales reivindicaciones del CSCAE es que las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus en la población incluyeran a los profesionales de la construcción y que no discriminen entre autónomos adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social y aquellos que cotizan a mutualidades alternativas, como la Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA).
De los 5.138 arquitectos que han participado en la encuesta, el 54% cotiza al sistema mutual alternativo y, como señala Comerón, “está esperando que las medidas del Gobierno efectivamente no dejen a nadie atrás”. “Sería una injusticia que, en el esfuerzo colectivo que todos estamos haciendo ante esta grave crisis sanitaria, económica y social, se excluya a los mutualistas de las ayudas”. El presidente del CSCAE vuelve a recordar que la crisis del coronavirus impacta sobre un sector que ya fue muy duramente golpeado en la crisis anterior y que aún no se había recuperado totalmente de ella.
Retrasos en los proyectos, la asignatura pendiente de la Administración local
Después del cierre de obras, el retraso en los proyectos es la segunda gran incidencia de la crisis del coronavirus en el sector de la construcción, para el 68% de los arquitectos que ha participado en el sondeo. Pero ¿a qué se deben estos retrasos? En el 44% de los casos son imputables a la Administración local, dejando en evidencia un problema que se ha convertido en crónico, puesto que, antes de la crisis del coronavirus, los tiempos de espera en la tramitación de licencias eran muy dilatados. Un sondeo realizado por el CSCAE, en febrero del año pasado, reveló que oscilaban entre los ocho y los doce meses cuando, por ley, no deberían superar los tres.
Puedes consultar en este enlace el informe para prensa que hemos realizado.