- La futura norma, que el Gobierno ha anunciado que elaborará este año, establecerá el valor de la Arquitectura y de sus profesionales para el interés general de la sociedad
- El presidente del CSCAE valora que la ley creará el marco jurídico adecuado para garantizar la calidad del entorno construido y facilitará el trabajo de los profesionales
- La aprobación de una Ley de Arquitectura tiene antecedentes en otros países de Europa y en las legislaciones autonómicas de Extremadura, Cataluña y Andalucía
Madrid, 6 de febrero de 2020. El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) está trabajando, estrechamente, con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que se apruebe en nuestro país la Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido que el ministro del ramo, José Luis Ábalos, anunció, el pasado 24 de enero, que el Gobierno elaborará este año.
En un contexto de degradación generalizada del entorno construido, de importantes cambios sociales y un aumento de las desigualdades, con regiones periféricas en declive, una urbanización acelerada en las grandes ciudades y en el epicentro de una crisis climática, esta norma establecerá el valor que tienen la Arquitectura y el trabajo de sus profesionales para el bien común. Es decir, para garantizar la salud y el bienestar de las personas, como salvaguardias del patrimonio y de los valores culturales de nuestros pueblos y ciudades y para promover la transformación profunda que necesitan para seguir siendo útiles y responder a las necesidades de sus habitantes.
Tras muchos años trabajando por ella desde el Consejo Superior, el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, valora que una Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido creará el marco jurídico adecuado para garantizar la defensa y la promoción de los valores culturales del espacio edificado, paliará desequilibrios actuales entre las zonas rurales y las grandes urbes y “facilitará el trabajo de los profesionales y de las empresas del sector de la edificación”, lo que, a su vez, redundará en la calidad del entorno construido que se pretende preservar.
La apuesta del Gobierno por una Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido se produce en un momento en el que tener una “visión estratégica e integradora” de todas las políticas que impactan en el desarrollo urbano y territorial es esencial. Como José Luis Ábalos apuntó en el segundo encuentro transversal del Observatorio 2030 del CSCAE, celebrado el miércoles en Cevisama 2020, es tan importante, que hasta el nombre mismo del ministerio ha evolucionado: “Fomento no se adecuaba a la visión contemporánea de la movilidad, ni capturaba la relevancia de las políticas urbanas”.
Antecedentes en Europa y en España
Desde la década de los setenta del siglo pasado, la necesidad de proteger el patrimonio arquitectónico y, con ello, los valores culturales de los pueblos, preservando el interés general de la ciudadanía, se ha traducido en normas aprobadas al efecto en diferentes países de nuestro entorno. Francia cuenta con una Ley de Arquitectura desde el año 1977 y Lituania la aprobó en 2017. También en España, en los últimos años, se han producido avances con la aprobación de legislaciones específicas en varias comunidades autónomas, como Extremadura y Cataluña y, por primera vez en su historia, la Unión Europea está trabajando en políticas que parten de la base de que la Arquitectura es la “disciplina que alcanza el equilibrio adecuado entre los aspectos cultural, social, económico, medioambiental y técnico para el bien común” con un equipo de expertos creado exprofeso.
La Declaración de Davos: Baukultur
Tanto en Europa, como en nuestro país, la promoción de la calidad del entorno construido está ligada a la Declaración de Davos y al concepto de baukultur, una palabra alemana, traducida como “cultura del habitar”, que comprende todas las actividades humanas que modifican el entorno construido: desde los edificios existentes, incluidos los monumentos y otros elementos del patrimonio cultural, hasta el diseño y la construcción de edificios modernos, infraestructuras, espacios públicos y paisajes.
El punto de partida de la Declaración de Davos fue la Conferencia de ministros de Cultura celebrada en esta ciudad suiza del 20 al 22 de enero de 2018, en vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial. Está suscrita por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la mayoría de los Gobiernos de la Unión Europea y otras entidades no gubernamentales del ámbito de la cultura, la arquitectura y el patrimonio, como son UNESCO, Europa Nostra, el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM) y el Consejo de Arquitectos de Europa (CAE). En nuestro país, sus principales promotores han sido el CSCAE y los colegios de arquitectos que han conseguido extender su conocimiento por todo el territorio y que la suscriban más de un centenar de entidades, incluido el Gobierno, a través de sus ministerios de Cultura y Fomento.
