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Estimado/a compañero/a:
Ante la aprobación del Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales el pasado día dos de agosto, y como continuación de mi carta de veintiuno de junio, me dirijo a ti para transmitirte información sobre el preocupante momento en el que nos encontramos.
El día dos de agosto, la Comisión Delegada del Pleno de Consejeros del CSCAE, reunida en Madrid, conoció el nuevo Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, cuyo contenido variaba substancialmente respecto de las expectativas derivadas de lo hablado y discutido previamente con diferentes estamentos de la administración.
El articulado de la misma, disponible en la web del Ministerio de Economía, está sometido a audiencia pública hasta el 16 de septiembre, gozando el CSCAE de un trámite de informe específico hasta el día 23. Después del estudio de las alegaciones e informes, se procedería a la aprobación como Proyecto de Ley por parte del Consejo de Ministros, que a su vez lo remitiría a las Cortes Generales para su tramitación, presumiblemente a finales de año o comienzos del año próximo.
La Comisión Delegada del Pleno de Consejeros se volvió a reunir el día 8 con el objetivo de analizar su contenido y acordar las primeras acciones a realizar en defensa de nuestros intereses, la Arquitectura y los Arquitectos. El Consejo ha estado trabajando durante todo el mes de agosto en el comienzo de las tareas que hagan posible la redacción y presentación de nuestras alegaciones, contando para ello con el concurso de nuestra Asesoría Jurídica, las de todos los Colegios y también la de los consultores externos contratados por el CSCAE (Bufete Uría, Bufete ML/A/B, Bufete Roca Junyent). Estamos analizando la reformulación de nuestro argumentario a la vista del nuevo articulado y trabajando en la preparación de una Declaración de Colectivos de Arquitectura. Disponemos también de un programa de gestiones personales para recabar los máximos apoyos en pos de un redactado distinto para el Proyecto de Ley.
El Consejo y los Colegios han trabajado intensa y duramente durante todo este período de gestación de la Ley. Las numerosas reuniones directivas, entrevistas y apariciones públicas dan razón de ello. Creo que ninguna institución profesional ha sido más activa. Sin embargo, el contenido del anteproyecto es decepcionante y no se corresponde con las conversaciones antes señaladas.
Su aprobación como Ley implicaría, con sus numerosas imprecisiones jurídicas, un escenario de incertidumbres y confusión que rechazamos enérgicamente, resultando especialmente grave al vulnerar derechos fundamentales de todos aquellos que hemos dedicado nuestras vidas profesionales a prepararnos y formarnos para el ejercicio de la Arquitectura. En su redactado actual, el Anteproyecto resulta arbitrario y discriminatorio para nuestra profesión y, por tanto, inconstitucional.
En consecuencia, y ejecutando el reciente mandato de la Asamblea Extraordinaria del CSCAE, es preciso seguir trabajando en el frente jurídico mediante la formulación de las correspondientes alegaciones y también continuar e intensificar los contactos políticos a todos los niveles, también hacia la opinión pública, para hacer ver los agravios comparativos que se producen y que, si bien algunos cambios pueden ser oportunos y hasta necesarios, otros solo pueden traer perjuicios para los usuarios, con una peligrosa confusión de responsabilidades, la anulación en la práctica del reconocimiento constitucional de los Colegios Profesionales y una confusión lamentable sobre los fines últimos de la Arquitectura, amén de un perjuicio notable para nuestro ejercicio profesional.
Nuestros argumentos jurídicos y políticos son sólidos y muy relevantes. Nuestra posición institucional también lo es. Estamos en contacto con Unión Profesional, con otros colectivos de la Arquitectura y con las demás profesiones colegiadas afectadas con el fin de incrementar la fortaleza de nuestra posición.
La LOE, Ley de Ordenación de la Edificación, el marco legal donde están reconocidas nuestras atribuciones, que fue consensuada con el resto de profesiones y no ha generado conflicto alguno, debe seguir plenamente vigente en el futuro. Por otra parte, cada vez se hace más necesario defender la autonomía y la labor de los Colegios de Arquitectos al servicio de los derechos e intereses de los ciudadanos y la sociedad. La colegiación obligatoria y la independencia de los Colegios resultan fundamentales para garantizar la eficacia de las funciones que estos tienen encomendadas.
Son momentos difíciles para las políticas y los servicios públicos e incluso para el sentido común, constantemente amenazados por la necesidad de generar apariencias neoliberales que presuntamente calmen a “los mercados”. Difíciles momentos pues para los valores profesionales, que se interponen desde siempre entre “el consumidor y la empresa”.
Como consecuencia del amplio y metódico trabajo realizado por los Colegios y el CSCAE, tenemos argumentos racionales que permiten confiar en la modificación del contenido del Anteproyecto de Ley. Nos proponemos movilizar todos los recursos que pone a nuestro alcance el Estado de Derecho para corregir el despropósito que supondría la transformación que se propone. Es necesario, por tanto, que nos mantengamos atentos al futuro desarrollo de los acontecimientos por si fuera necesaria alguna acción colectiva. Te mantendré puntualmente informado/a de las novedades que se produzcan y te recuerdo que el correo del Consejo está abierto a todas las sugerencias de nuestro colectivo profesional. Quedo como siempre a tu disposición.
Recibe un fuerte abrazo,
Jordi Ludevid i Anglada
Presidente