RESUMEN
Abierto el debate sobre el papel de los colegios profesionales, estamos ante el dilema de colegiación obligatoria u optativa. Es esa la situación en la que la CNC _Comisión Nacional de la Competencia_ ha puesto ahora en la picota social para discusión temporal tras la que deviene, con toda seguridad, la defunción del actual modelo.
De manera simplificada, el objetivo es derribar al oponente aprovechando su propia fuerza.

Se trata de revisar y adaptar el ámbito colegial a este nuevo espacio-tiempo con una ambiciosa mejora del estamento volcado al mejor servicio que se puede hacer a la sociedad, como es garantizar a través del visado la bondad del trabajo profesional.

En ese escenario sería el Colegio quien tendría desde el punto de vista técnico y urbanístico la certificación válida ante cualquier organismo de control, de la idoneidad del proyecto presentado.

Estamos hablando de potenciar los Colegios y sus departamentos de visado para garantizar objetivamente, la adecuación normativa de un proyecto, y que por tanto no requeriría de ningún control adicional. Por lo que, aparte de aliviar la pesada y habitualmente costosa carga de departamentos de licencias de los respectivos ayuntamientos, estaríamos acortando en el tiempo la tramitación de expedientes administrativos, al estar en manos de organismos colegiales a priori más efectivos que los “funcionariales”.

COMUNICACIÓN

Históricamente las transformaciones deben ser introducidas fenoménicamente para resolver ciertas inconsistencias entre realidad y el deseo.

Nada resulta invariante bajo este conjunto de acontecimientos que han ocurrido en democracia,  en los casi ya cuarenta años_ cifra mítica del inmovilismo por cierto_ en los que se viene tutelando desde los colegios nuestra actividad profesional.

Exceptuando la asimilación de la precisada gestión informática, la velocidad de evolución del estamento ha sido invariante para preservar constante el valor de la herencia inercial recibida.
La transmisión del gobierno del estamento nunca ha traído fórmulas de transformación desde o hacia la sociedad, ni siquiera ante o entre el espacio profesional, sino que ha limitado su quehacer a intentar mejorar, cuando no reparar, alguno de los engranajes de la costosa vida colegial.

La  invariancia de esa actitud ha devenido en inepta, en cuanto a respuesta, ante la compleja construcción administrativa del control edilicio y urbanístico de este período.

Se ha producido una rotación en el espacio-tiempo cuatridimensional por la transformación impropia de la figura del ARKITEKTOS, para pasar a ser uno más de los componentes de la actividad financiera, cuando no crediticia, meros observadores inerciales de las inversiones temporales y las reflexiones espaciales.

Los colegios en este período han sido incapaces de escribir las trasformaciones lineales de adaptación a ese nuevo homeomorfismo como conductores del grupo, adoptando medidas que en la mayoría de las ocasiones han sido realizadas con la pachorra del reloj de Pamplona.
Abierto el debate sobre el papel de los colegios profesionales, estamos ante el dilema de colegiación obligatoria u optativa.

Como siempre todas las situaciones de control tienen las dos caras de la moneda, y el asegurarse estar del lado correcto puede depender de valores personales y visión sobre la situación y el futuro.
Debemos asegurarnos que las razones por las que elegimos colegiación son por las razones correctas que nos permiten acceder a un futuro promisorio y donde se maximicen las ganancias o ventajas tanto de los colegiados como del público en general y de los
usuarios.
Si optamos por la primera, el reconocimiento de los Colegios como entidades de  derecho público; el control de la colegiación por los Colegios en virtud de un acto de delegación por parte del Estado; la autonomía de los Colegios; la colegiación obligatoria; la exclusividad territorial; la autogestión financiera a través de la percepción de un canon razonable…etc. reflejamos la situación actual.

Es esa la situación en la que la CNC _Comisión Nacional de la Competencia_ ha puesto ahora en la picota social para discusión temporal tras la que deviene, con toda seguridad, la defunción del actual modelo en aras de una “protección a los consumidores” amparados en la lucha contra unos “intereses corporativos”, y justificándola al enmarcarla dentro de la guerra de la Comisión Europea de Servicios.
Empero la colegiación optativa provocaría la vacuidad de colegiados con el contenido actual que presentan la mayoría de los colegios profesionales.
Sin embargo y aprovechando la filosofía de los fundamentos del judo_ judo significa, literalmente, “camino de la suavidad” (ju - suavidad, do - camino)_ en vez de combatir con fuerza hasta la segura extenuación por nuestra parte dada la desigual pugna, deberíamos aprovechar esa fuerza y conducirla para mejorar nuestros intereses corporativos, hacia un final más ventajoso, dada la característica tan importante que representamos todavía los arquitectos como “agentes” en el sector.

De manera simplificada, el objetivo es derribar al oponente aprovechando su propia fuerza; no combatir sino demostrar la utilidad del colegio para la sociedad “desde el punto de vista de los consumidores y no de los profesionales”, como argumenta la CNC.

Se trata de revisar y adaptar el ámbito colegial a este nuevo espacio-tiempo con una ambiciosa mejora del estamento volcado al mejor servicio que se puede hacer a la sociedad, como es garantizar a través del visado la bondad del trabajo profesional en todos sus “recorridos”.

En ese escenario sería el Colegio quien tendría desde el punto de vista técnico y urbanístico la certificación válida ante cualquier organismo de control, de la idoneidad del proyecto presentado.

Estamos hablando de potenciar los colegios y sus departamentos de visado para garantizar objetivamente, como hasta ahora han demostrado, la adecuación normativa de un proyecto, y que por tanto no requeriría de ningún control adicional.
Por lo que, aparte de aliviar la pesada y habitualmente costosa carga de departamentos de licencias de los respectivos ayuntamientos, estaríamos acortando en el tiempo la tramitación de expedientes administrativos, al estar en manos de organismos colegiales a priori más efectivos que los “funcionariales”.

La adaptación legislativa que sería necesaria, estaría justificada socialmente por los anteriores motivos de equidad y eficacia; y políticamente no vacía de “poder” a los ayuntamientos ya que éstos seguirían, por el momento, ostentando su verdadero y contundente argumento de influencia, cual es el urbanismo y su calificación.

Este servicio externo a los municipios, estaría garantizado, no sólo por el cumplimiento colegial de normativas de calidad sino del complemento de la actual  legislación sectorial con el control del correcto funcionamiento de los Colegios por organismos del Estado; por la garantía de la participación democrática y la defensa de los intereses  de consumidores y usuarios de los servicios asociados en la vida del Colegio; además de su implementación en la Ley de Bases de Régimen Local y Administraciones Públicas.

Es hora de ampliar la atribución legal a los Colegios profesionales, no sólo de potestades de control del ejercicio profesional, sino con la atribución en el caso de servicios y actividades de idoneidad de trabajos profesionales que repercuten sobre los derechos, bienes y valores constitucionales de los destinatarios, como sería el acceso del ciudadano a la vivienda.

Esa eficiencia necesaria para dar el servicio a la sociedad que se propone, reclama una definición de los colegios como verdaderos gestores de los cumplimientos técnicos de los proyectos, y necesitarán de un esfuerzo en implementación para poder conseguir ese objetivo. Esfuerzo que a buen seguro estarían dispuestos a asumir esa legión de nuevos licenciados con entusiasmo.

El principal desafío está relacionado con la alineación de objetivos de cooperación entre actores racionales con fines disímiles.  En otras palabras, el problema radica en saber qué instituciones específicas inducirán a los actores individuales (políticos y administradores) a comportarse en pos del beneficio colectivo.
La respuesta está en el marco institucional en el que se desarrollan estas interacciones sustentándose en_ y apunto un ejemplo de lo que puede ser fruto tras una amplia “puesta en común”_ lo que denominaríamos “Convenio de Descentralización Operativa”.

Supone además, la voluntad de contribuir a la legitimidad de las instituciones democráticas, a través de un aumento de la participación ciudadana con la colaboración de las agrupaciones profesionales en los asuntos públicos.

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